¿Qué está pasando en Colombia?

14 mayo, 2021 Comments (0)

Más de 15 días de paro y resistencia civil en un país que ha empezado a mirarse a sí mismo.

Por Mila Ventura

Especial para Tercera Órbita

Las protestas civiles más contundentes de este siglo, enmarcadas en el período uribista que está a punto de cumplir 20 años en el poder, ocurren por efectos de la imposición del gobierno de Duque de la nueva reforma tributaria en medio de la pandemia más mortal de los últimos tiempos. La gente se ha rebelado contra esta disposición, el gobierno ha detenido la reforma para ser modificada, mas esta decisión no ha sido suficiente para detener las manifestaciones en las calles y los bloqueos en ciudades, pueblos y carreteras del país.

Tal vez una de las causas sea el cansancio de la hegemonía uribista encarnada en la figura del presidente Duque, que ha provocado desconfianza en la ciudadanía y ha hecho de éste un gobierno populista mas no popular. Empezó con una desaprobación del 32% en septiembre, que se incrementó a 64% en noviembre del 2018. Con el argumento de aumentar el empleo y revitalizar la economía, ajustó a finales de 2019 una reducción de impuestos a grandes empresarios para incentivar la contratación de empleados, sin embargo las cifras exponen un aumento del desempleo que pasó de 12,6% en marzo de 2020 al 14,2 en marzo del 2021.

Cuando se liberaron audios que implicaban la complicidad del entonces Fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, que demostraban su culpabilidad en el acto de corrupción más grande de la historia de América, Odebrecht, se ha ido acelerando su desaprobación alcanzando un tope del 73% en el primer semestre del 2021, cifra histórica en las realidades colombianas. Resulta curioso que en un análisis de sondeo sobre la percepción del paro elaborado en mayo de 2021 por Datexco, una de las firmas de análisis de datos del gobierno, arroje como resultado que el 75% de la población esté de acuerdo con el paro, ¿coincidencia?, esa posibilidad no cabe cuando concuerdan y empalman tanto desaprobación del presidente y aprobación de un paro que ha empezado a resquebrajar la estabilidad institucional debido a la pérdida de confianza en sus políticas económicas y en una desbordante corrupción manifiesta en inversiones innecesarias como material de guerra durante la pandemia.

La gente en Colombia se ha reencontrado durante más de 15 días con un objetivo común, desplazar al uribismo del poder y restaurar la democracia mancillada por el narcotráfico, el clientelismo y la corrupción.

Los estudios macroeconómicos de la geopolítica internacional ubican a Colombia como la nación con más proporción de desigualdad, según el Índice de Desarrollo Regional de América Latina. Las revueltas por eso no obedecen a una reforma tributaria, no es pertinente confundir los detonantes con las causas. La mirada globalizada sobre la problemática de Colombia está centrada en las dinámicas económicas y se convirtió en un fenómeno del nuevo milenio que amenaza con quebrarse o sostenerse con promesas.

La pandemia agudizó la crisis económica, el país se detuvo como se detuvo el planeta y el gobierno no garantizó una renta básica para los desamparados. La población colombiana se hundió más en niveles de pobreza, aumentó 6,8 puntos porcentuales (42,5%) frente al indicador de 35,7 por ciento de 2019. El horizonte no es muy prometedor cuando Colombia acaba de ser evaluada por la OMS ubicándola en el deshonroso panteón de los 4 peores países en el manejo del Covid 19 en el mundo. Ante un ineficiente e insuficiente plan de vacunación, el país tardará más de lo pensado en volver a la normalidad y a reactivar la economía afectada por los sistemáticos toques de queda.

Pero las causas económicas no son solo las únicas justificaciones para que la gente esté en las calles y desafíe al establecimiento, enunciemos algunos de sus desaciertos que han provocado esta crisis social, institucional, política y demócrata. Al gobierno de Duque también se le interpela por no cumplir con los Acuerdos de Paz pactados con las extintas FARC; por el asesinato sistemático de desmovilizados de esa organización guerrillera (276 a la fecha), de líderes sociales e indígenas (cerca de 700 en su gobierno); por la corrupción imperante en los sistemas civiles de contratación; por sus nexos con narcotraficantes que financiaron su campaña presidencial; por permitir la especulación y la usura en los servicios e intereses de la banca; por entregar los sistemas sociales de salud a la empresa privada sin importarle que se reduzca su calidad; por aprobar el fracking y la minería a cielo abierto; por la escasa cobertura digital del país puesta en evidencia durante la pandemia desde la educación virtual; por la precariedad del sistema de contratación laboral; por el aumento del precio de los peajes; por la brutalidad policial que se ha ido acentuando con las protestas; por el bombardeo a niños reclutados por organizaciones delictivas; por el fracaso de la economía naranja; por su injerencia en Venezuela, por la impunidad en los crímenes de Estado y en la falta de aplicación de justicia en los casos comprobados de corrupción de funcionarios o contratistas de su gestión pública; por la evidente manipulación de su agenda de gobierno por parte del expresidente Uribe.

La lista pareciera no detenerse, por ello la sociedad se encontró en la crisis social, económica y sanitaria más trascendental del último siglo, las nuevas generaciones luchan en las calles por un futuro arrebatado desde que nacieron por un gobierno que restringe sus libertades y disminuye sus proyectos de vida.

Coda.

A la fecha se han presentado 50 asesinatos en los enfrentamientos con fuerzas policiales del gobierno, los desaparecidos se calculan en 1000, se han denunciado 2110 casos de violencia policial, 16 víctimas de violencia sexual, 133 casos de disparos con arma de fuego, 442 intervenciones violentas de la fuerza pública, 30 víctimas de agresión en ojos. En los operativos se han desplazado cerca de 280.000 efectivos, más de la mitad del total de las fuerzas armadas. La desproporción es avasallante.